Me ha llegado la noticia de que la madre indígena de la comunidad nativa de Vista Alegre localizada en el Alto Tigre, en el Norte de Loreto ha fallecido. Nadie sabe de qué. No se puede saber. He intentado llamar, no hay respuesta. Excepto en dos sitios con conexión de celular, las comunidades del Alto Tigre están incomunicadas desde que los teléfonos Gilat dejaron de funcionar. Esos teléfonos eran la única línea de comunicación que los promotores y técnicos de salud podían utilizar para comunicarse con el centro de salud cuando necesitaba consultar al médico – y eso cuando tenían tarjeta para hacerlo. La infraestructura de salud en la zona del Alto Tigre ha sido y es terriblemente precaria. La actual pandemia sólo amplifica estas condiciones. 

En Intuto, capital del distrito de El Tigre y uno de los dos sitios que tiene señal de teléfono, hasta el 25 de mayo había siete casos de COVID-19 con sintomatología clara y confirmados. Me cuentan que la preocupación del personal del centro de salud es que puede haber muchas otras personas que son asintomáticas sin que ellos tengan la posibilidad de detectar o detener las vías del contagio. Hasta esa fecha se habla de 80 sospechosos. Su preocupación no es vana. Un ejemplo: alrededor del 8 de mayo, llegó una lancha desde Nauta con personas que mostraban síntomas difusos; los pasajeros fueron puestos en cuarentena en el internado del colegio que el personal del centro de salud había adaptado para el efecto. El 21 de mayo, a los 13 días de aislamiento, una joven de 15 años comenzó a presentar síntomas claros. Al tomarle la prueba rápida, el resultado fue positivo. Dado que ella compartía el mismo espacio con los otros pasajeros en cuarentena es de suponer que pueden estar contagiados.

El problema es que el centro de salud no cuenta con suficientes pruebas rápidas. Por ello el personal no puede tomar pruebas que permitan confirmar o descartar el supuesto. Las pruebas se reservan para los que ya muestran síntomas. La falta de pruebas rápidas no son el único problema. El personal de salud no cuenta con equipo de protección suficiente. Las mascarillas las hacen durar una o dos semanas, poniéndolas al sol; los guantes desechables los reciclan untándolos con alcohol, y con este se rocían el cuerpo como medida preventiva. Tener servicio telefónico no ha servido para mucho. A pesar de sus pedidos a la Diresa no han recibido los materiales que necesitan. Trabajar en estas condiciones los hace vulnerables a ellos y a sus pacientes. El personal médico puede morir y ser, al mismo tiempo, vector de contagio. Esto ocurre en Intuto. De lo que está pasando en las comunidades del Alto Tigre se sabe poco.

Aunque la pandemia del COVID-19 muestra que las carencias son muchas, la capacidad de atender a sus pacientes en condiciones y con medios adecuados, la imposibilidad de diagnosticar y tratar a los enfermos y de llegar a las comunidades no es un escenario excepcional en la zona del Tigre. Al contrario, éstas son condiciones usuales. La Micro-red de Intuto-Río Tigre cubre tanto al Alto Tigre, es decir a las comunidades nativas localizadas hacia la frontera con Ecuador y al Bajo Tigre, o sea a las poblaciones asentadas hacia la boca del Marañón. La Micro-red atiende a una población de alrededor de 10,000 habitantes y cuenta con 10 establecimientos, tres de ellos categorizados como centro de salud y siete como puestos de salud. Los primeros deben contar, en teoría, con un médico permanente, una enfermera, una obstetra y un laboratorista. Los puestos de salud cuentan en su mayoría con promotores de salud, usualmente moradores, que han recibido un breve entrenamiento, y algunos con técnicos de salud y quizás enfermeros.

El personal de salud es, en su mayoría, temporal y crónicamente inestable. Esta es una situación producida sistemáticamente por la forma de contratación imperante. Muchos de ellos, empleados bajo el régimen de locación, tienen contratos que deben ser renovados cada tres meses o cada año y reciben sus sueldos de manera irregular. La Micro-red cuenta actualmente con dos médicos, uno en el centro de salud de Intuto, que tiene que renovar su contrato cada año, y otro en el de Piura, que cada año cambia, pues es parte del servicio rural a poblaciones marginales. El tercer centro de salud localizado en 12 de Octubre no tiene médico; este renunció después de haber estado impago por varios meses. Renuncias y ausencias son usuales. Muchas veces el personal empleado por locación tiene que ir a tramitar sus salarios y contratos a Nauta. El viaje a Nauta desde Intuto toma en un barco rápido 12 horas, en lancha varios días. A menudo y por periodos de tiempo importante las comunidades no son atendidas.

Los establecimientos de salud están pobremente implementados y no pueden atender a las poblaciones de las que son responsables. El centro de salud de Intuto, el mejor implementado en la zona, cuenta con pocos instrumentos técnicos que le permitan hacer análisis simples. No puede proveer de medicinas o vacunas que necesitan refrigeración y no tiene capacidad adecuada para hospitalizar. El centro de salud en 12 de Octubre ha usado durante muchos años dos contenedores de metal como su local. Los edificios de los puestos de salud en las comunidades son construidos con el esfuerzo de sus habitantes y varían de acuerdo a la posibilidad de las autoridades comunales o las organizaciones indígenas de conseguir apoyo de las autoridades municipales, del gobierno regional, o del gobierno central de turno. 

En el caso de las comunidades que están dentro de la zona de influencia directa del bloque 192, la compañía petrolera juega a menudo el rol de proveedor. La provisión de las medicinas varía también. Atender a las poblaciones fuera de los centros y puestos de salud es un problema. Si bien los centros de salud cuentan con embarcaciones, muchas veces el presupuesto para combustible es extremadamente limitado. Los puestos de salud no cuentan con chalupas para el efecto. Esto significa que las visitas de médicos y técnicos de enfermeros a las comunidades son escasas, más la excepción que la regla, y que el transporte de pacientes graves de los puestos a los centros o de estos a Iquitos es problemático. En muchos casos depende del paciente movilizarse. Demás está decir que pocos son los pobladores que pueden hacerlo.

Con muchísima presión e insistencia se ha logrado que el Ministerio de Salud apruebe el Plan de Intervención para comunidades indígenas y centros poblados rurales de la Amazonía frente al COVID-19. Su aprobación es de extrema importancia. La Digesa planifica enviar una comisión de salud encabezada por el Modelo de Atención de Salud Integral e Intercultural de las Cuencas del Corriente, Pastaza, Tigre y Marañón a Trompeteros. Este es un logro central. Sin embargo, es crucial tomar en cuenta el escenario en el que se desarrolla la pandemia del COVID-19 y también el carácter mismo del virus. 

El escenario descrito es uno en el que las condiciones sociales y materiales del aparato biomédico, no sólo en la zona del Tigre, sino en muchos lugares de la Amazonía, impiden diagnosticar la afectación de la persona y ofrecer tratamiento. Los pacientes reciben muchas veces diversos e inciertos diagnósticos, por ejemplo, hepatitis, cáncer, cálculos y los tratamientos –si son ofrecidos– son a menudo paliativos. En otras palabras, la enfermedad surge como una condición difusa, como un estado que no cristaliza como algo determinado que requiere de un tratamiento curativo particular. Es importante señalar que esto no necesariamente se debe al carácter de la dolencia. Es más bien que el mismo aparato de salud biomédico, por sus condiciones materiales, temporales y espaciales, produce esa indeterminación. Aunque las brigadas y las comisiones de salud son contribuciones importantes que refuerzan momentáneamente los servicios de salud ofrecidos a las comunidades indígenas, la temporalidad corta de sus intervenciones, limita de forma seria sus posibilidades de cambiar es condición indeterminada que tiene la enfermedad y, por ende, de ofrecer tratamientos curativos.

El carácter incierto del virus requiere de una intervención sostenida, a largo plazo y local. De acuerdo con un reporte del diario británico The Guardian, el virus COVID-19 además de tener un carácter letal inmediato parece producir efectos imprevistos como la coagulación de la sangre que puede causar embolias, y posteriormente daños en órganos vitales como los riñones y el sistema nervioso. Por ello, es urgente que la respuesta del Estado también considere la longevidad de los efectos del virus. Se necesita para ello reforzar el sistema de salud local y articular de manera real los puestos de salud a los centros de salud con personal permanente, con medios de comunicación, con equipo material adecuado.

El poco conocimiento que existe de este nuevo virus hace aún más urgente tomar en cuenta igualmente las limitaciones espaciales que crea la actual forma de organización social del aparato biomédico. Sabemos que el virus puede ser letal y se disemina rápidamente. Por ello, la implementación del Plan debe ser general. Si el Plan se implementa sólo en aquellas comunidades que pueden presionar, que tienen voz y se hacen visibles ante las autoridades del Estado, o que están en la zona de influencia directa del bloque 192, el contagio seguirá. El virus se mueve y la gente se desplaza, en sus pequeños peque-peque, en las lanchas, como empleados de la petrolera y como parte de las redes de madereros ilegales que van en aumento. Ahora mismo se está planificando el regreso de alrededor de 300 personas que se quedaron varadas en Iquitos. Si el Plan no se coordina con los apus de las comunidades, si no se refuerza su capacidad de acción para recibir a sus parientes, que pueden llevar el virus, y no se pone en efecto en la mayoría de las comunidades, habrán muchas más muertes que pasarán desapercibidas durante muchos años.

Para las poblaciones del Alto Tigre que han formado parte de bloques petroleros desde varias décadas, el que el Estado así lo haga es de particular importancia. Estas comunidades han vivido ya periodos de enfermedad y muerte que aún están frescos en las memorias de sus habitantes. 

Vista Alegre, la comunidad nativa que ha perdido su madre indígena, vivió a finales de los años noventa una ola súbita de muertes. Fallecieron niños, jóvenes, adultos y ancianos. No hay una sola familia que no perdiera algún pariente. A pesar de intentos desesperados de los apus, las autoridades de salud nunca llegaron. En esa ocasión, las posibilidades mencionadas fueron hepatitis B, fiebre amarilla o envenenamiento súbito producido por químicos y diluyentes tóxicos usados en las instalaciones petroleras y vertidos a los lagos en los que la población pescaba. De qué murió la gente, y cuántos fueron, no se sabe. Cuántos quedaron afectados, tampoco se conoce. 

Estas condiciones del aparato biomédico, que constantemente constituyen a las enfermedades y al tratamiento como condiciones indeterminadas y difusas, también deben ser recordadas cuando se intenta explicar por qué la población mire con cierto escepticismo el accionar médico.